Por este motivo hemos pedido a la Junta de Castilla y León que:
– Aplace la convocatoria de las OPEs de 2017 y 2018.
Debería aprovechar la legalidad vigente y detener los procesos selectivos hasta que el Congreso de los Diputados concluya la tramitación del proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta Ley establecerá medidas extraordinarias contra la situación absolutamente única de la temporalidad en todo el sector público de toda España: un 30% de media, mayor que en la empresa privada y la mayor de toda la Unión Europea. Esta Ley, además, deberá trasponer la Directiva 70 del año 1999 (con más de veinte años de retraso), estableciendo mecanismos efectivos contra el abuso de la temporalidad en todo el sector público, y deberá considerar la situación absolutamente excepcional a día de hoy: 800.000 personas en toda España (35.000 en toda CyL), de las cuales, más de un 70% son mujeres de más de 50 años.
– Reconozca el carácter sanitario de los veterinarios y farmacéuticos.
Los sanitarios no asistenciales, farmacéuticos y veterinarios, pedimos que se nos permita acceder al empleo público como marca la Ley 10/2010 de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León, que en su artículo 5.6 obliga a la Administración a que se utilice “con carácter general el sistema de concurso oposición, en términos similares al utilizado por el Servicio de Salud de Castilla y León”.
Desde SIVELE-USCAL aclaramos e insistimos que:
a) Todos los empleados públicos temporales han accedido a la función pública por procedimientos que garantizaban igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como ordena la Constitución Española.
b) La temporalidad ilícita es un problema laboral, exclusivamente laboral, que afecta a la mayoría de los empleados públicos temporales, de Castilla y León y del resto de España.
c) La temporalidad ilícita, la más frecuente en las AAPP, ha sido causada por la desidia y la mala gestión de la cosa pública y las consecuencias no deben pagarlas los afectados, los trabajadores públicos. A mayores, gran parte de estos afectados son mujeres y, por su edad, el cese las colocaría en una situación de máxima vulnerabilidad social.
d) En el caso de los empleados públicos con vínculo laboral puede y debe aplicarse la sanción prevista en el Estatuto de los Trabajadores: la conversión automática a fijo, sin más.
e) En el caso de estatutarios y funcionarios, si la sanción que se decida por parte de los tribunales y las AAPP es la indemnización, el coste económico será insoportable. A mayores, la propia LPGE veta todo incremento de gasto asociado a los procesos de estabilización del empleo público y Bruselas ha advertido recientemente a España del riesgo de rebasar los límites de deuda y déficit. Por todo ello, consideramos que esta alternativa de sanción es, cada vez, menos defendible.
f) Ahora bien, si para estos últimos grupos, la sanción que se decida es la fijeza, con el procedimiento que se considere, esta no tiene coste económico alguno y, sobre todo y a pesar de intoxicaciones mediáticas, no crea un conflicto con los nuevos opositores (en expectativa de derecho), porque para estos últimos pueden y deben ofertarse todas las plazas vacantes por jubilación (reposición); todas ellas deben cubrirse en los plazos que ordena la ley.
g) SIVELE-USCAL no se opone (no lo ha hecho nunca ni pretende ni puede hacerlo) a los procesos selectivos que marca la ley: pero conoce y exige la aplicación de toda la ley y la norma europea prevalece y debe respetarse, porque es más garantista que la nacional con los más trabajadores más precarios, los temporales.
h) SIVELE-USCAL solicita la mayor prudencia y responsabilidad a la Directora de la Función Pública de Castilla y León a la hora de gestionar las OPEs vigentes y futuras.
i) SIVELE-USCAL solicita a la Junta de Castilla y León, a todos los partidos políticos representados en las Cortes y al resto de sindicatos presentes en las mesas de negociación, afrontar, juntos, con valentía y responsabilidad, sin hipotecar el futuro, las reformas legislativas necesarias para la trasposición completa, útil y efectiva de la Directiva 1999/70/CE.
La XXVI Jornada de Trabajo de SIVELE-USCAL, no ha podido ser clausurada por D. Alejandro Vázquez Ramos, por encontrarse con sintomatología respiratoria que le ha impedido asistir a la Jornada. La clausura ha sido llevada a cabo por los Jefes de Servicio de Sanidad y Agricultura, Ganadería y D.R, quienes en su intervención han defendido que el carácter integral de la prestación sanitaria es el mismo que hoy en día se propugna por parte de las Organizaciones Sanitarias Internacionales y que se sustancia en la estrategia one health, una sola salud para todas las políticas. Asimismo, defendieron que la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, es un aspecto muy importante para la salud humana porque estos animales forman parte de la cadena alimentaria y las zoonosis son compartidas por animales y seres humanos. Finalmente, lamentaron que las Administraciones Públicas no hayan dado el papel relevante que los Veterinarios se merecen en la gestión de la pandemia.
En este año especial, al final de la jornada se ha felicitado a nuestras/os compañeras/os que se han jubilado en el 2020 y 2021: D. José Ramón Rodríguez Álvarez, D. Severino Martínez Alonso, D. Lorenzo Lobato Pérez, D. Vicente Santos Vega, Dña. Blanca Vidal Saldaña, D. Isidoro García Mayo y D. Raúl Fernández González, que han culminado su etapa funcionarial y pasan a ser “Afiliados de Honor de SIVELE-USCAL”.
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- XXVI JORNADA DE TRABAJO SIVELE-USCAL >> Descargar